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El panel ruso que se ocupa de las disputas contractuales de los futbolistas muestra un desequilibrio que favorece la liga y los clubes, según el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Este tribunal, con sede en Lausana (Suiza), ha fallado que el representante del Zenit St. Petersburgo, Pavel Pivovarov, debe dejar su puesto como vicepresidente de la designada Cámara Nacional de Resolución de Disputas.

El tribunal suizo ha manifestado también en una sentencia emitida por escrito que la posición de Konstantin Lyakhov como director jurídico de la liga nacional y presidente del panel ha constituido, igualmente, un conflicto de intereses.

“Este es un paso importante en uno de los lugares más difíciles del mundo para cuestionar el establecimiento del fútbol,” asegura Wil van Megen, Director Jurídico de FIFPro, el sindicato mundial de futbolistas.

Las normas de la FIFA permiten, en una disputa, que el club y el jugador escojan cada uno al menos a un árbitro, pero exigen que tanto el presidente como el vicepresidente de los mismos sean independientes.

La imparcialidad del panel fue puesta en tela de juicio por el sindicato ruso de futbolistas, con éxito. Lyakhov va a poder mantener su puesto únicamente porque el fallo del tribunal ha llegado demasiado tarde, cuando ya había sido nombrado.

El sindicato está presionando para mejorar los derechos de los futbolistas que reciben un trato injusto en la liga nacional, mientras la Federación rusa de fútbol se preparar para albergar la Copa Mundial 2018.

“Hemos recibido con satisfacción esta decisión, pero es asombroso que la Federación se muestre tan reticente a establecer un arbitraje independiente,” afirma Nikolai Grammatikov, Secretario General del Sindicato de Futbolistas y Entrenadores. “Uno de los puntos fundamentales es que un jugador deba tener una audiencia imparcial.”

Durante años, los futbolistas que han perdido sus casos en Rusia han tenido que retirar sus reclamaciones o embarcarse en extensas y costosas apelaciones al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Una apelación puede costar al menos 30.000 euros y tener un plazo de resolución de 18 meses.