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Por Wil van Megen

En el año 2015, el Gobierno francés decidió introducir una nueva ley que excluía a los atletas profesionales de la aplicación de la legislación nacional regular, relativa a los contratos laborales de duración determinada.

El Gobierno manifestó que había consultado con todas las partes interesadas (empleadores y empleados) antes de dar ese paso. Sin embargo, en ningún momento el mayor grupo de atletas profesionales del país dio su conformidad al texto que se había votado en el Parlamento. El noventa y cinco por ciento de los futbolistas profesionales que juegan en Francia pertenecen al sindicato nacional de futbolistas, UNFP.

UNFP presentó una reclamación ante la Comisión Europea, pues la nueva legislación contraviene el Derecho de la Unión Europea. Recientemente, la Comisión ha acusado recibo de la reclamación y ha confirmado que investigará los hechos denunciados.

Antecedentes

En el año 1999, la UE estableció una directiva sobre los contratos laborales de duración determinada.

Como Parte de dicha directiva, cada país de la UE se vio obligado a aplicar la legislación sobre contratos de duración determinada.

En primer lugar, esta legislación tenía que evaluar en qué momento los contratos sucesivos de duración determinada pasaban a ser contratos por tiempo indefinido. En segundo lugar, la directiva introdujo ciertas condiciones bajo las cuales los países miembros de la UE podían desviarse de la misma.

En el fútbol, los contratos entre clubes y jugadores son por tiempo determinado y, en consecuencia, la directiva es aplicable a dichos contratos.

El efecto de la directiva para el fútbol es que, tras una ampliación del contrato y un periodo de tiempo establecido, el contrato pasa a ser indefinido. En la mayoría de los países de la UE el periodo establecido es de dos o tres años.

Para evitar este resultado, es posible que las partes interesadas alcancen un acuerdo que establezca una desviación de la directiva y de la legislación nacional. Las partes interesadas pueden impedir que los contratos pasen a ser por tiempo indefinido. Esta capacidad no es ilimitada, como han fallado algunos tribunales.

Caso del fútbol alemán

En algunos países, las partes interesadas del fútbol han alcanzado un convenio colectivo de trabajo con tal de regular esta cuestión.

En otros países, la directiva fue completamente ignorada. Así ocurrió en Alemania, donde el caso planteado entre Hans Müller y su club, el Mainz, ilustró que no existía ninguna disposición en el fútbol alemán que regulase esta cuestión.

El tribunal de primera instancia falló que tras la prórroga de su contrato inicial, el contrato de Müller había adquirido la condición de contrato por tiempo indefinido. Esta fue una aplicación precisa y exacta de la directiva y de la ley nacional.

El caso generó conmoción en Alemania. El vicepresidente de la Federación alemana de fútbol (DFB) expresó su temor de que, si se aplicaba la ley, futbolistas mayores de 60 años jugaran en la Bundesliga.

Parece ser que el tribunal de segunda instancia quedó impresionado por los argumentos presentados en contra, y falló que la ley y la directiva no eran aplicables al fútbol. No obstante, los argumentos que aplicó dicho tribunal no son nada convincentes. Dado que el caso está nuevamente en apelación, tendremos que esperar al resultado final.

Análisis

En primer lugar, es positivo observar que el Gobierno francés concluyó que se debe desarrollar legislación o un convenio colectivo de trabajo para eximir a los atletas profesionales de la legislación nacional general.

Este parece un punto de partida correcto.

Esto indica que la decisión del tribunal de apelación alemán del caso Müller-Mainz es, al menos, debatible y probablemente incorrecta.
En segundo lugar, la directiva únicamente permite la desviación por motivos de abuso. Es obvio que la nueva legislación francesa no se dirige a prevenir el abuso. De ningún modo se demostró que hubiera habido abuso alguno.

En la cláusula 5 de la directiva se manifiesta que las partes interesadas tienen un peso importante en el proceso decisorio. De hecho, ellas mismas pueden interpretar si existen desviaciones, sin que necesariamente participe el Gobierno. Ello es lógico, pues no puede darse el caso de que un Gobierno se aparte de la legislación que tiene obligación de aplicar en virtud del Derecho de la UE.

Conclusión

Parece obvio que la nueva legislación francesa no guarda conformidad con el Derecho de la UE. Además, el hecho de que el Gobierno francés considerara necesario crear una nueva legislación sitúa a la decisión del tribunal que evalúa el caso Müller-Mainz bajo una luz diferente.

Wil van Megen, Director jurídico de FIFPro.