- El organismo presentó presentó una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio por prácticas restrictivas del mercado laboral que afectan los derechos de los futbolistas.
- Fueron acusados la Dimayor, 16 clubes profesionales y 20 directivos.
- Las sanciones podrían representar multas de millones de dólares estadounidenses.
El fútbol colombiano se enfrenta a una grave crisis institucional después de que la organización defensora de los derechos de futbolistas profesionales ACOLFUTPRO presentara una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en contra de los 16 clubes profesionales, la Federación y la Dimayor (Liga Profesional) por realizar conductas y prácticas restrictivas del mercado laboral que afecta los derechos de los futbolistas.
El pasado 28 de noviembre, la SIC notificó la apertura de un pliego de cargos en contra de la Dimayor, de 16 clubes profesionales y 20 directivos por hacer un “pacto de caballeros” para impedir que pudieran trabajar en Colombia aquellos jugadores que reclamaran sus derechos o no renovaran sus contratos.
Los cargos permitirán investigar esas conductas referidas a los contratos de los jugadores. La SIC, en su rol de juez, intentará determinar si los acusados limitaron la libre competencia del mercado de los derechos deportivos de los futbolistas.
Para eso, se analizarán al detalle al menos los casos de 16 jugadores que no pudieron concretar sus transacciones a diferentes clubes entre los años 2018 y 2021. "Hay diversas irregularidades que estamos denunciando. Estas organizaciones crean reglamentos federativos que atentan contra los derechos fundamentales de los futbolistas. Crean tribunales privados dentro de la federación sin que tengan facultades para actuar como jueces", aseguró el director de ACOLFUTPRO, Carlos González Puche, en una entrevista con FIFPRO.
"Entonces crean códigos disciplinarios a los que los jugadores deben someterse para poder ser inscritos en los torneos y en esos reglamentos se les impide ir ante la justicia ordinaria a reclamar sus derechos. Se les pueden aplicar sanciones desde 6 meses hasta los 5 años para poder ejercer su actividad. Eso es absolutamente inconstitucional", agregó.
La denuncia fue presentada por ACOLFUTPRO en abril, con la asesoría del Dr. Jairo Rubio Escobar, ex Superintendente de Industria y Comercio de Colombia.
Es importante recordar que en julio de 2020, la SIC impuso duras sanciones económicas la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y a sus directivas del comité ejecutivo por conformar un cartel de reventa de tickets para las Eliminatorias del Mundial de Rusia 2018.
La investigación que adelanta desde hace meses la SIC sobre la Dimayor y los 16 clubes está basada en tres puntos:
1.
El primero radica precisamente en que los propios contratos que los clubes les hacen firmar a los futbolistas para formar parte de sus filas contienen cláusulas que podrían violar la libre competencia de mercado de sus derechos.
Por ejemplo, cualquier jugador que desee firmar un nuevo contrato con un club deberá firmar otro contrato específico de la Dimayor en el que se le advierte que deben, según se redacta en el contrato, "respetar los estatutos, reglamentos y decisiones de las autoridades deportivas", en particular los estatutos de la FIFA, la Conmebol y la FCF.
"Esos estatutos se manejan con unas reglas propias que están ajenas a las leyes laborales del país. Entonces, cuando el jugador quiere ir a denunciar a la Justicia, le responden que él firmó un documento, anexo al contrato, en el que aceptó todas esas condiciones. Pero si los futbolistas no firman ese papel no pueden ser inscritos por el club para jugar los torneos que organiza la Dimayor", detalló González Puche.
ACOLFUTPRO denunció que en los estatutos de la Dimayor se adjudican "el derecho sobre el uso y explotación comercial de los derechos de imagen colectivo de los jugadores".
“Hasta tenían un chat de los 36 presidentes de los clubes donde se comunicaban estos bloqueos a los futbolistas”
— por Carlos González Puche
Mientras tanto, y para más perjuicio de los futbolistas, el artículo 118 del Código Disciplinario de la FCF estipula que los jugadores no podrán someter disputas no podrán acudir ante la Justicia ordinaria, "a menos que se especifique en la reglamentación FIFA".
El segundo punto de la denuncia radica en un círculo vicioso desarrollado entre los clubes investigados e intermediarios exclusivos en la firma de los contratos.
2.
La denuncia de ACOLFUTPRO advierte que algunos de los clubes obligaban a jugadores a firmar un lazo comercial con intermediarios o representantes que ellos nunca buscaron como condición para el éxito del traspaso.
"Hay muchos clubes que imponen a los representantes. Hay un equipo en particular en el que 22 de los 25 contratos de los jugadores que integran el plantel fueron firmados con el mismo agente. En la denuncia estamos solicitando a la SIC que investigue qué clubes son los que imponen el representante al futbolista para que pueda ser contratado", dijo González Puche.
3.
El tercer punto de la denuncia radica en el veto del que fueron víctimas algunos futbolistas que decidieron rescindir o finalizar sus contratos con los clubes antes de término. Eso pudo darse debido a falta de pago de los sueldos o a diversos incumplimientos en los términos del contrato firmado.
La ACOLFUTPRO denuncia que existe una suerte de red de comunicación interna entre las autoridades de los clubes donde se advierten entre los presidentes acerca de los "jugadores problemáticos". Se acusa a las autoridades de los clubes de enviarse cartas para impedir que se contraten a jugadores que hayan rescindido sus contratos previamente y así los futbolistas se quedan fuera del mercado local y quedan obligados a irse al exterior.
"Hasta tenían un chat de los 36 presidentes de los clubes donde se comunicaban estos bloqueos a los futbolistas", afirmó González Puche.
El miércoles 1° de diciembre, se hizo público, a través del medio de comunicación El Tiempo, diversos diálogos de los directivos de los clubes donde se realizaban estas prácticas de inhibición a futbolistas. Como ellos lo llamaban, "un pacto de caballeros".
Sanciones
El viernes 26 de noviembre, la SIC notificó a los clubes y los directivos sobre la apertura del pliego de cargos. Ahora, los implicados disponen de un plazo de 20 días hábiles para presentar sus descargos.
La propia SIC indicó que, en caso de que los clubes admitan realizar las prácticas denunciadas por ACOLFUTPRO, tendrán la posibilidad de evitar ser penalizados con las multas, admitiendo su responsabilidad y aportando información para evitar que la investigación se resuelva imponiendo una condena.
La propia Superintendencia determinó que las multas podrán alcanzar hasta los 100 mil Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV). Cabe recordar que cada uno de ellos es de 908.526 pesos colombianos (231 dólares estadounidenses).
"Con el caso de las reventas de tickets, la Federación Colombiana recibió multas de más de 16 mil millones de pesos, que es más de 4 millones de dólares. No creo que estos clubes quieran enfrentarse a algo así", concluyó González Puche.
Los clubes investigados son:
- Talento Dorado S.A.
- Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A. - En Liquidación Oficial
- Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A.
- Unión Magdalena S.A.
- Asociación Deportivo Pasto
- Envigado Fútbol Club S.A.
- Tigres Fútbol Club S.A.
- Club Deportes Tolima S.A.
- Once Caldas S.A- En Reorganización
- Deportes Quindío S.A.
- Club Deportivo La Equidad Seguros S.A.
- Club Deportivo Atlético Fútbol Club S.A.
- Fortaleza Fútbol Club S.A.
- Leones Fútbol Club S.A.
- Club Deportivo Real Santander S.A.
- Alianza Petrolera F.C. S.A.
